jueves, junio 20, 2024

"La emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores"

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¿Por qué anular el voto en este nuevo proceso constituyente? ( entrevista al historiador Sergio Grez)

Entrevistamos al historiador y profesor de Historia de la Universidad de Chile Sergio Grez Toso. Firmante de la declaración que impulsa el voto nulo y una campaña contra el fraude constitucional en esta entrevista analiza las razones de porqué repudiar el proceso constitucional vigente y cómo está la izquierda del país frente a este pacto a quienes trata de «social liberales» por pasarse al bando de la administración de status quo neoliberal que impera en Chile desde la Dictadura Militar.

Trae a colación hechos históricos de 1925 y el desvío que hicieron las élites y partidos de la clase dominante para impedir el alza del movimiento obrero. Sostiene que las acciones de repudio contra el nuevo pacto pueden desgastar el espurio proceso impuesto al país y advierte que habrá lucha de clases con o sin nueva Constitución.

Usted se cuenta entre los intelectuales y dirigentes sociales que firmaron un llamado a anular el voto en las elecciones de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo. ¿Por qué anular el voto en este nuevo proceso constituyente?

El nuevo proceso constituyente es una versión actualizada y radicalizada (en sentido reaccionario) del Acuerdo del 15 de noviembre de 2019, después del triunfo aplastante del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Como es sabido, el mentado «Acuerdo por la Paz social y la nueva Constitución» anunciado entre gallos y medianoche por la casta parlamentaria aquel aciago día de noviembre, tuvo como principales objetivos salvar al gobierno de Piñera, desviar la protesta social por el camino más inocuo posible e impedir el ejercicio del poder constituyente por parte de la ciudadanía, asegurando de este modo la perpetuación del modelo socio económico neoliberal y del sistema de democracia tutelada, restringida y de baja intensidad existente desde 1990 en Chile. Esta astuta maniobra dio los resultados esperados por sus mentores pues redundó en un ostensible debilitamiento de la rebelión popular, que terminó siendo sofocada por completo pocos meses después mediante las medidas coercitivas y de restricción de las libertades más esenciales adoptadas por el gobierno de la época so pretexto de hacer frente a la pandemia de Covid-19. Luego del plebiscito de salida del anterior proceso constituyente, la casta política parlamentaria, con el activo apoyo de Gabriel Boric y su gobierno, ideó un sofisticado mecanismo que le permitirá tener el control absoluto del nuevo proceso, atropellando brutalmente las bases más esenciales -incluso formales- de la democracia liberal. Según el «Acuerdo por Chile» firmado el 12 de diciembre de 2022 por casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria -desde la Unión Democrática Independiente (UDI), hasta el Partido Comunista- la propuesta de nueva Constitución será redactada por una «comisión de expertos» designada por el Congreso Nacional que ya empezó su trabajo, mucho antes de que se realice el acto formal de elección de «consejeros constitucionales» por la ciudadanía. De acuerdo con el diseño de la casta parlamentaria, el Consejo Constitucional que se elegirá el próximo 7 de mayo en base a candidaturas propuestas únicamente por los partidos políticos, no redactará la nueva Constitución, limitándose a aceptar o rechazar el texto propuesto por los «expertos» designados por los parlamentarios. Más aún, para no correr el más mínimo riesgo de desborde de su plan de gobernabilidad sistémica, los parlamentarios agregaron un «Comité técnico de admisibilidad», designado también por ellos mismos, encargado de revisar las normas que se presenten en la Comisión de expertos o que se discutan en el Consejo Constitucional, a fin de decidir si son o no admisibles. El «Acuerdo por Chile» incluyó «las bases constitucionales fundamentales», grandes principios que deben incluirse en la nueva Constitución, que no pueden ser alterados por la Comisión de expertos ni por el Consejo Constitucional. Cierran este diseño antidemocrático, un complejo entramado de quórum destinados a impedir cualquier veleidad transformadora y un reducidísimo y perentorio plazo de seis meses para redactar el nuevo texto constitucional. Como bien han señalado numerosas personas y organizaciones, este es un procedimiento profundamente antidemocrático, que niega el derecho de libre determinación contra el cual los demócratas consecuentes tienen el derecho y el deber de levantarse para deslegitimarlo. Una fórmula posible es el voto nulo, otra es la abstención, aunque cabe señalar que esta es más azarosa pues muchas personas no querrán correr el riesgo de verse obligadas a pagar una fuerte multa, ya que la casta política, en su afán por aparentar participación ciudadana, estableció que el voto será obligatorio. Por ello, me parece que el llamado debe incluir ambas opciones: quienes prefieran y estén en condiciones de abstenerse, que lo hagan; quienes estimen que es mejor anular, que anulen. Lo importante es expresar un repudio masivo a esta mascarada a través de acciones que estén al alcance de numerosas personas, no solo de minorías politizadas y radicalizadas.

Según su análisis, ¿cómo está ubicada la izquierda ante el Acuerdo por Chile?

Desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo que en Chile no existe una verdadera izquierda política, pues los partidos que se autodefinen como tales, pero que están empeñados en administrar y legitimar el modelo económico y político imperante mediante tenues reformas y discurso «democrático», no pueden ser considerados como tales; son más bien social liberales con algunos tímidos matices socialdemócratas. Si bien existen pequeños grupos políticos con posiciones de izquierda, su influencia real en la sociedad es insignificante, de modo tal que las posiciones que generalmente pueden ser consideradas como de izquierda no tienen representación en el escenario político institucional. Solo existe una izquierda social que se reproduce precariamente en la base, pero que sufre una fragmentación, dispersión y, a menudo, también una desorientación muy nociva y dolorosa. Esta izquierda es la que está llamando a repudiar el proceso constituyente elitista y antidemocrático engendrado entre cuatro paredes por los partidos políticos del «Acuerdo por Chile». La supuesta «izquierda» representada en el Parlamento por los partidos de gobierno no está haciendo sino cavar más profundamente el foso que la separa de la base social popular, que mira con indiferencia cuando no repudia abiertamente esta nueva maniobra resultante de sus juegos y cabildeos palaciegos. Los dirigentes de estos partidos siguen sembrando vientos.

¿Se podría hacer una comparación histórica con otros procesos constituyentes en Chile, en los que se haya producido un desvío y una institucionalización de movimientos políticos?

Guardando las distancias y con mucha precaución, se podría intentar una comparación con el proceso constituyente que dio origen a la Constitución de 1925. El proyecto reformista de Arturo Alessandri Palma, plasmado en la legislación social de 1924 y en la Constitución de 1925, al igual que la acción de los oficiales jóvenes del Ejército de aquella época, se proponía la realización de una «reforma por arriba» para impedir la revolución social «por abajo». En un contexto mundial y nacional impactado por la Revolución rusa y la oleada revolucionaria europea que se extendió durante cerca de cinco años desde fines de la Primera Guerra Mundial, el sector más lúcido de la clase dominante chilena, especialmente el representado por los políticos de tendencia reformista, trató de implementar una estrategia que, sin dejar de ejercer una fuerte represión contra los movimientos sociales, cuyo eje principal deberían ser las concesiones, el diálogo, la seducción y el envolvimiento en dirección de la clase obrera y de los sectores populares. Así surgieron numerosas leyes sociales y se implementaron con obligatoriedad legal los mecanismos de conciliación y de arbitraje entre patrones y trabajadores. Toda una estrategia de conservación social que consistía, según Alessandri Palma, en «propiciar las reformas necesarias, con espíritu elevado y sereno, para garantizar ante todo y sobre todo el orden público, la paz y la tranquilidad social» (Mensaje al Congreso Nacional de junio de 1921). En una línea de continuidad con esta política, pocos años después -durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931)- el sector reformista de la clase dominante buscó la «solución definitiva del problema relativo a la armonía entre el capital y el trabajo» a través del Código del Trabajo (1931). Este fue el punto de partida de la construcción del Estado Asistencial y «de compromiso», que fue acompañado desde fines de la década de 1930 de una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). La nueva vía de desarrollo, si bien acarreó ciertos beneficios para los sectores medios y algunas franjas de la clase obrera, a la vez que estimuló un desarrollo económico capitalista más diversificado, tuvo debilidades estructurales pues siempre dependió del capital y de la tecnología de las grandes potencias capitalistas. Elevadas tasas de inflación y de desocupación fueron algunos de los síntomas más visibles de su crisis permanente. Su colapso se produjo a comienzos de la década de 1970, arrastrando al país al drama que significó la dictadura pinochetista.

Desde fines de 2019 hemos vivido una nueva tentativa de las elites políticas reformistas por salvar el sistema de dominación en crisis mediante reformas. De manera parecida a lo que ocurrió hace un siglo, en el proceso constituyente que se hundió el 4 de septiembre de 2022, los políticos reformistas se propusieron otorgar algunas concesiones retóricas a los sectores subordinados (proclamación constitucional de derechos sociales) a cambio de que estos aceptaran el orden sociopolítico existente (con reformas) y expresaran sus demandas exclusivamente por los canales de participación que, supuestamente, garantizaría la nueva Constitución. Un «nuevo pacto social» debía asegurar la gobernabilidad sistémica durante un período relativamente largo. Como ese diseño periclitó, fue necesario implementar otro, pero mucho más restringido y controlado (normado por el «Acuerdo por Chile») que, a diferencia del anterior, no ha logrado concitar el menor interés ciudadano.

La principal diferencia política entre ambos momentos históricos radica en la situación del movimiento popular. Hacia 1920 el movimiento obrero y popular estaba viviendo un largo proceso de acumulación de fuerzas y de radicalización política reflejada, entre otros puntos, en la creciente influencia en su seno de las corrientes anarquista y socialista/proto comunista, lo que se traducía en la radicalización de numerosas organizaciones sociales y de poderosas centrales sindicales como la rama chilena de la anarcosindicalista International Workers of the World (IWW), la Federación Obrera de Chile (FOCH) y la Federación Obrera de Magallanes (FOM), y en el desarrollo de grandes movimientos reivindicativos como los «mitines del hambre» de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN) en 1918 y 1919, y en la «huelga larga» del carbón de 1920, entre muchos otros. Las sucesivas crisis salitreras de la post Primera Guerra Mundial que acentuaban la miseria, los despidos masivos, la desocupación, la baja de los salarios reales y la carestía de la vida estimulaban el descontento social, aunque también eran grandes obstáculos para mantener en pie las organizaciones sindicales. No obstante, las organizaciones clasistas fueron capaces de resistir el chapuzón y mantener sus actividades. La dictadura reformista de Carlos Ibáñez del Campo, que intentó barrer con las organizaciones populares clasistas, fue la nueva respuesta del capitalismo dependiente chileno para tratar de asegurar la estabilidad del sistema.

Casi un siglo más tarde, en 2019, el desafío para la clase dominante chilena y sus políticos no provino del debilitado movimiento obrero sino desde una heterogénea, dispersa y desarticulada masa de personas, organizaciones y movimientos de variada índole (juveniles, sindicales, medioambientalistas, regionalistas, estudiantiles, feministas, indigenistas, culturales, de Derechos Humanos, etc.) que se manifestaron masivamente en todo el país («estallido social») contra las consecuencias de la aplicación inmisericorde del modelo neoliberal. Para aplacar la rebelión popular, la casta política parlamentaria -desde la extrema derecha hasta sectores de «nueva izquierda» representados por el Frente Amplio (FA)- urdió el Acuerdo del 15 de noviembre que impidió el derrumbe del gobierno de Piñera y abrió un proceso constituyente regulado por el Parlamento y controlado por los poderes constituidos. De esta manera, se bloqueó la posibilidad de una Asamblea Constituyente libre y soberana. En síntesis, podría decirse que, tanto durante la primera mitad de la década de 1920 como a comienzos de la década de 2020, la fuerte represión estatal contra los sectores populares no pudo aplastar el descontento y la movilización social. Por ello, las élites políticas hicieron uso de refinadas tácticas, destinadas a disminuir la explosividad social y ganar un tiempo indefinido de gobernabilidad sistémica. El mayor o menor éxito de estas políticas de contención social ha dependido -como siempre- no solo de la astucia y capacidad política de las elites de la clase dominante, sino también de las debilidades estructurales del movimiento obrero y popular, de su fragmentación y de su incapacidad por encontrar las respuestas más adecuadas en cada coyuntura. Esto se vio reflejado en el plano constituyente tanto en 1925 como en el trienio 2019-2022, pues en ambas coyunturas los sectores populares intentaron sin éxito incidir en los procesos destinados a elaborar una nueva carta constitucional. En 1925, un sector muy significativo del movimiento popular realizó un ejercicio de deliberación autoconvocado a través de la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales («Constituyente Chica») para aunar criterios en la perspectiva de la convocatoria de la Asamblea Constituyente Nacional («Constituyente Grande») prometida por Alessandri Palma, que nunca tuvo lugar [1].

A partir de fines de 2019 y durante casi tres años, gran parte de la ciudadanía y de los movimientos sociales cifraron esperanzas en el proceso constituyente abierto por su propia presión, pero mediado y controlado por el Acuerdo del 15 de noviembre y la reforma constitucional de diciembre del mismo año, que significó la negación práctica de una Asamblea Constituyente libre y soberana. Aunque las diferencias entre estos procesos constituyentes son grandes, los elementos comunes fueron la excepcional irrupción de la ciudadanía popular que trató de hacer oír su voz y la inveterada tendencia de la clase dominante y de sus representantes políticos a arrogarse la soberanía mediante procedimientos destinados a impedir el despliegue del poder constituyente originario. Combinando con astucia y sin escrúpulos avezadas maniobras políticas y una feroz represión, estos sectores lograron neutralizar las amenazas provenientes de la masa popular y de la ciudadanía democrática.

Se ha realizado una campaña de firmas y se están desarrollando diversas iniciativas de repudio a este nuevo «arreglo constitucional». ¿Qué se puede esperar de estas acciones?
Es altamente probable que la casta política imponga, a como dé lugar, su «nueva Constitución» pues los términos del proceso diseñado por ella, su control absoluto de las instituciones del Estado, el gran consenso conservador alcanzado entre sus fracciones y la situación de reflujo y desmovilización popular así parece asegurarlo. No obstante, es posible que su victoria sea pírrica. Si el porcentaje de abstención, votos nulos y en blanco se acerca al 40% en la elección del 7 de mayo, y si la abstención más los votos en contra, nulos y en blanco bordea la mitad del cuerpo electoral en el plebiscito de salida, la ilegitimidad del nuevo artefacto constitucional será evidente. Incluso, si los porcentajes de diversas formas de repudio, indiferencia y rechazo ciudadano son levemente inferiores a los señalados, el artefacto constitucional no expresará sino el arreglo entre las elites políticas y su menguado influjo social. Las acciones de repudio y rechazo ciudadano pueden contribuir al desgaste prematuro del espurio proceso que han impuesto al país y, de paso, facilitar el entendimiento entre distintos componentes del movimiento popular y de la ciudadanía democrática, a fin de ayudar al desarrollo de las luchas sociales que, de todos modos, persistirán con o sin nueva Constitución.

Fuente: www.laizquierdadiario.cl/

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